El desarrollo rural en México. Del liberalismo al neoliberalismo

Academia — Por Septiembre 8, 2015, 11:47

Por: Dr. Teófilo Reyes Couturier y Pablo Galindo Rodríguez

Introducción

El desarrollo rural en México ha tenido cuando menos dos momentos en que las concepciones del desarrollo y la praxis han estado determinadas por los intereses del Estado mexicano y de la burguesía global.

El primero está relacionado con el fortalecimiento del capitalismo en México y el segundo con la inclinación de México con los procesos globales.

Entender a los campesinos mexicanos en su desarrollo o estancamiento implica necesariamente, establecer los vínculos que los atan al sistema político en el que se encuentran inmersos y en último análisis, estudiar las relaciones que sostienen con el Estado mexicano.

Del liberalismo al neoliberalismo

La conformación económico-social del campesinado tiene en el accionar del Estado su principal factor. Por lo tanto, su análisis debería ocupar un lugar prioritario en las agendas de investigación y las instancias gubernamentales que buscan el tan anhelado desarrollo del campo mexicano; es menester señalar que el estudio de los campesinos debe forzosamente contemplar su vinculación con el aparato estatal a partir –necesariamente– de una perspectiva histórica.

Desde su conformación como campesinos parcelarios, este sector de la sociedad mexicana, relativamente autónomo y básicamente autosuficiente, ha sufrido las más severas presiones para cambiar en el marco del capitalismo y a partir de la acción del Estado. Sin embargo, la presencia campesina se ha consolidado, pese al incremento de su explotación y paradójicamente debido a la acción del Estado (Reyes et al., 1996: 31-2).

Antes del neoliberalismo, el Estado mantenía una política marcadamente ambivalente con las masas campesinas. Su accionar de atracción-repulsión en momentos parecía buscar disolver a las comunidades campesinas; pero a la par, las fortalecía mediante diversas acciones y/o políticas de fomento, siendo el continuo y en ocasiones intermitente reparto agrario prueba fehaciente de la contradictoria pero sostenida relación Estado-campesinado.

La política general –aunque un tanto ambigua– del Estado mexicano buscaba impulsar el proceso de desarrollo y de concentración capitalista; pero simultáneamente, otorgaba a la clase campesina las concesiones indispensables para su reproducción socio-económica. Sin duda, aspectos contradictorios pero complementarios que se manifestaron de formas diversas, ya sea tratando de vincular al campesinado a estructuras políticas y sindicales que tienden a integrarlo ideológica y orgánicamente al sistema capitalista (Confederación Nacional Campesina-Partido Revolucionario Institucional por ejemplo), o mediante la gestión de créditos, irrigación, controlando precios y salarios, etcétera (Flores et al., 1988).

Entender la relación desigual que se establece entre el Estado y los campesinos en México, implica remitirse al análisis de la totalidad social en la que se encuentran inmersas esas manifestaciones de atracción-repulsión. Es un hecho que la configuración de la sociedad mexicana es capitalista y que este capitalismo se encuentra atrasado, subdesarrollado. Lo anterior, se manifiesta en una combinación peculiar de distintas etapas del proceso histórico; es decir, existe una especie de aproximación de fases aisladas y una amalgama de formas tradicionales y modernas (Reyes et al., 1996: 32).

A partir de 1934 el Estado mexicano, a través de sus distintos planes de desarrollo ha incorporado como un objetivo estratégico al crecimiento rural, primero, para el fomento e impulso del sector industrial, y de forma indirecta para el sector servicios. Confluyendo los tres, en la integración y satisfacción de la demanda de un mercado interno para los productos provenientes tanto del sector agropecuario, como del industrial. El sector agropecuario por lo tanto, desempeña un papel clave para el avance del conjunto de la economía nacional tanto en la redacción de los planes de desarrollo como en la realidad misma.

En los planes de desarrollo de 1938 a 1982 se observa que para lograr el crecimiento rural, el Estado instrumenta acciones como son: 1) el aumento de las hectáreas repartidas en detrimento de las grandes extensiones que acaparaban los latifundistas a lo largo y ancho del país; b) inversión en infraestructura de riego, suministro de energía eléctrica, carreteras, pavimentación o trazo de caminos rurales; c) subsidios a insumos; d) precios de garantía en cultivos estratégicos; e) acceso a créditos; f) servicios de investigación; g) transferencia tecnológica vía extensionistas, por mencionar las más importantes.

Pese a los cambios que estas acciones suscitaron en la estructura agraria, se mantienen las relaciones sociales de producción capitalista en el campo mexicano, que en última instancia agudizan la asimetría entre clases sociales. Cabe aclarar que es también a partir de la década de 1930 y hasta finales de los setenta que en nuestro país ocurrió un éxodo rural por diversas causas, como por ejemplo: falta de apoyos para la producción, desplazamiento de la mano de obra agrícola por el uso de maquinarias diversas, sequías, etc. Por lo tanto, la migración rural-urbano nacional –e incluso en algunas regiones mayormente la internacional– aumentó de manera paulatina por parte de los campesinos sin tierra, los campesinos con cantidades ínfimas de tierra y/o miembros de los pueblos indígenas.

Las zonas urbanas se convertirían en punto de atracción por el auge de desarrollo industrial (en su famosa etapa de sustitución de importaciones), pero también por la existencia de servicios de salud, educación e infraestructura básica (alumbrado, drenaje, suministro de agua, luz, etc.) que en las zonas rurales en algunos casos eran muy deficientes y en otros incipientes.

En el campo, los que no migran permanecen pasivos y ajenos a la ejecución de los planes de desarrollo rural. Las políticas vistas de manera paternalista favorecen la desmovilización del campesinado, quien permanece a la espera de que le sean cumplidas las promesas recibidas cada cambio de gobierno. En la ciudad, la diáspora tiene efectos indirectos, siendo el principal abastecer de mano de obra no calificada a las industrias hasta el grado de superar la demanda, constituyéndose en un ejército industrial de reserva que ejerce presión sobre los salarios, relegando a muchos hacia actividades de autoempleo en la economía informal, pero también hacia actividades ilícitas.

Cabe aclarar que aunque hubo un periodo denominado “desarrollo estabilizador” (1940-1970), el sector rural había decaído por diversos problemas, incluyendo falta de seguridad en la tenencia de la tierra, acceso deficitario al financiamiento, desconocimiento acerca de los programas y las políticas de desarrollo agropecuario emprendidas por el gobierno federal y estatal, secuelas de la revolución verde, precios en periodos inestables de algunos productos, falta de mercado para otros que desincentivaban su producción, etc. En este lapso, como era previsible por la gran concentración de inversión pública en ciertas regiones, la denominada agricultura empresarial o comercial basada en el uso intensivo de tierras, paquetes tecnológicos y maquinaria agrícola fue ganando terreno frente a la agricultura de subsistencia o de autoconsumo que no deja de emplear la mano de obra familiar, selección de semillas (criollas), uso de abonos y coa, azadón, yunta, etcétera, como herramientas para la labor agrícola. Resultando de este estadio, la dicotomía entre economía campesina o de autoconsumo y agricultura comercial o empresarial que coexisten pese a los aparentes esfuerzos de diversas administraciones por capitalizar al campo y fomentar la producción netamente capitalista.

En la década de los setenta, México al igual que otros países enfrentó una crisis en cuanto a plantearse la pertinencia de la relación vigente entre mercado y Estado benefactor, producto de otra crisis económica que cuestionaba la vigencia del modelo keynesiano y obligaba al Estado a disminuir el gasto público y, desregular o privatizar empresas sociales (paraestatales). Otros aspectos que repercutieron para presionar la transformación del papel del Estado fueron el colapso del modelo de producción fordista, los acuerdos de Bretton Woods (que dieron origen formalmente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional) y la adhesión al GATT (antecesor de la hoy Organización Mundial de Comercio). Estos acontecimientos fueron cruciales para la transición del liberalismo al neoliberalismo. El capitalismo entró en una nueva fase: la globalización.

Entendemos la globalización como fenómeno de integración de los diversos Estados y sus economías en un especie de Estado transnacional o en una economía inter y supra nacional, en donde los Estados-nación entran en interdependencia unos con respecto a otros, y cada cual adopta políticas gubernamentales de corte neoliberal. En el denominado modelo neoliberal (retoma elementos clave del liberalismo siendo la premisa fundamental el laissez faire et laissez passer) se promueve la privatización de la economía, la inversión extranjera y la apertura comercial como prioridad; a la par que se desmantelan subsidios, decrece el gasto público y el Estado se transforma en un “regulador”.

Si bien es cierto que el Estado en su anterior papel (benefactor) tenía grandes fallas como la exagerada burocracia, actitudes paternalistas y una regulación exclusiva e incluso excesiva en ciertos ramos (incluyendo las llamadas paraestatales), mala distribución de recursos y gasto corriente, y en algunos casos una carga impositiva cuestionable; ahora en su papel de regulador se le asigna la función de proveer de infraestructura que incentive la inversión tanto nacional como la extranjera y servicios sociales como educación, salud, etc. El Estado se convierte entonces más que un regulador, en un facilitador para los grandes negocios transnacionales; por lo tanto, las actividades económicas al quedar desreguladas por parte del Estado, han beneficiado al mercado que al no tener regulaciones, ni restricciones tiende a generar y profundizar las asimetrías sociales y económicas, y que a su vez, favorece la constitución y consolidación de monopolios y oligopolios.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988,) el Estado ha prometido el desarrollo social y el crecimiento económico nacional con la llegada de capital transnacional en forma de Inversión Extranjera Directa (IED) que se supuso no especularía en diversos instrumentos financieros, sino que invertiría y generaría empleos, y por lo tanto, mejoraría el nivel de vida de la población entre otros tantos argumentos. A cambio, el gran capital ha exigido que el Estado le brinde las facilidades que crea pertinentes en cuanto a una política de fomento económico con infraestructura ad hoc, un esquema de salarios bajos (mano de obra barata), bajo régimen de impuestos, precios competitivos en servicios tales como luz, agua, gas, gasolina, entre otros.

Lo que los promotores como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (por mencionar las instituciones que más influyen en el adoctrinamiento político-económico de las naciones ricas y pobres) omitieron mencionar es que la globalización también implicaba la pérdida de soberanía tanto de políticas económicas como en aspectos jurídicos, determinando así, al conjunto de las políticas gubernamentales enfocadas al desarrollo nacional (Ibarra, 2001).

La supuesta “modernización” de los diversos sectores económicos que se planteó con la adopción del modelo de desarrollo neoliberal ha tenido un impacto desigual en las distintas actividades o sectores económicos. Los tecnócratas visualizaron en el sector agropecuario una “ventana de oportunidad” para guiar la inversión extranjera hacia regiones y cultivos que asegurasen gran rentabilidad. Para ello debieron entonces comenzar con ajustes jurídicos y así buscar modificar la estructura agraria regional y nacional.

En 1992, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari se promulgó la Ley Agraria, que permitiría entre otras cosas: la participación de los productores organizados en la elaboración de programas y políticas de desarrollo para el campo mexicano, y la posibilidad de asociación de ejidatarios y comuneros mediante contratos con terceros para formar sociedades mercantiles y llevar a cabo proyectos productivos. Ese mismo año se reformó el artículo 27 constitucional con el fin de incorporar las tierras de propiedad social al mercado, con diversos fines (entre ellos la expansión urbana y la compra-venta de terrenos otrora con uso de suelo agrícola o de carácter ejidal) que de alguna manera volvería a formar los antiguos latifundios (grandes extensiones de tierra) a favor de los agricultores empresariales (Reyes et al., 1996).

Durante el mismo periodo presidencial se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) planteado como la gran oportunidad de México para ser un país desarrollado, que posteriormente se observó, estuvo mal negociado (en su apartado agrícola sólo ha beneficiado a algunos empresarios productores de hortalizas, flores y frutas). En otras palabras, el TLCAN sólo acrecentó la subordinación y el subdesarrollo (Cabrera, 2015; Fernández-Vega, 2014). Menos sirvió para integrarse de manera regionalizada al estilo de la Unión Europea.

Precisamente para adecuar al campo mexicano a su próxima adhesión al TLCAN se instrumentó el PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo), que se dijo iba dirigido a apoyar a los productores rurales, favorecer la competitividad al interior y exterior, incrementar el nivel de calidad de vida de las familias rurales y modernizar el sistema de comercialización. Poco tardó PROCAMPO en consolidarse como un medio utilizado por el Estado mexicano para mantener vigentes sus redes políticas; y a la vez como un paliativo para la miseria habitante en el medio rural (Merino, 2010).

Como es de destacarse, desde el periodo de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la fecha se implementan políticas que si bien no denotan el abandono total al campo, por lo menos contribuyen a estancar y agravar las condiciones de vida de los habitantes de zonas rurales. Los apoyos federales y estatales a los campesinos han dejado mucho que desear, la mayoría de los recursos destinados a capitalizar el sector se han concentrado en un grupo reducido de productores empresariales (generalmente exportadores) que son quienes aprovechan las “ventajas” de la apertura comercial.

La dependencia cada vez mayor de la producción extranjera se ha traducido en la pérdida de la soberanía alimentaria del país, expresada está en el creciente déficit de la balanza comercial en alimentos. Lo que antes se producía en el país, ahora se tiene que importar, no porque ya no se produzcan esos alimentos o insumos, sino porque se compró la idea de la reconversión productiva hacia productos de exportación altamente rentables para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de cada región.

En pleno neoliberalismo, el Estado mexicano sigue manteniendo una política ambivalente con respecto al campesinado. Un ejemplo, el Estado dice apoyar a los campesinos productores de maíz al integrarse a programas como MasAgro (Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional) el cual busca una producción “moderna y sustentable” de granos en la agricultura tradicional; pero por otro lado, amenaza continuamente con la autorización de permisos (hasta ahora sólo con fines de investigación, y pruebas piloto, según han informado reiteradamente SAGARPA y SEMARNAT) para la producción en la agricultura empresarial con semillas transgénicas (Véase Rubio, 2011 y Turrent, 2014), so pretexto que ambas son alternativas para mitigar una posible carencia de alimentos que demanda la creciente población nacional en un contexto de cambio climático.

Como podemos apreciar hasta aquí, una característica marcada del neoliberalismo es que en la clase dirigente tiene como apoyos concepciones tecnocráticas basadas en los fundamentos del capitalismo neoliberal: individualismo, competencia, eficiencia, productividad, etc. Los tecnócratas manifiestan (y constantemente reiteran) públicamente su visión del ejido y de las unidades de producción familiar como lastres para el desarrollo agropecuario, y de paso, del sector industrial, al referirse a los campesinos como productores ineficientes (Pazos, 1991). Sin embargo, aun entienden la función que representa apoyar a los campesinos de subsistencia con programas sociales y productivos, y así mantener una relativa calma en el campo, y de paso evitar un éxodo rural o nutrir los movimientos sociales de descontento que siempre se encuentran latentes tanto en el campo como en la ciudad. Pero no por ello dejan de tratar de fomentar la adopción de una “actitud emprendedora” entre los habitantes del campo mediante: cursos, talleres, programas de capacitación, de incubación de micro y pequeñas empresas, instrumentación de proyectos productivos que buscan consolidar las denominadas economías de escala o la búsqueda de las ventajas comparativas y competitivas de carácter regional por no decir territorial, y todavía recientemente, generar un “acceso fácil” a créditos utilizando la tierra como garantía de pago (Valderrábano, 2014).

Los tecnócratas consideran que el campesinado para ser eficiente y dejar de ser un lastre para el sector agropecuario debe dejar de: a) utilizar tecnología tradicional (arado, coa, azadón, entre otros); b) depender del temporal; c) sembrar “cultivos no rentables” (granos principalmente); d) dejar el autoconsumo, pues “es una forma de conformismo” que daña a la economía nacional, e) tener una mentalidad reaccionaria (arraigarse a sus creencias y tradiciones). En definitiva, dejar de ser campesinos.

Bajo esa lógica el campesino entonces debe: a) utilizar paquetes tecnológicos, b) ser sujeto de crédito, c) recibir capacitación para aumentar su productividad, d) tener un seguro agrícola o, e) figurar dentro de la agricultura por contrato. A la postre, volverse empresario.

Bajo este esquema, los campesinos que no estén dispuestos a transitar hacia una vocación empresarial mejor deberían alejarse de la agricultura de autoconsumo, vender sus tierras y dedicarse a otra cosa (Servitje, 2013).

Sin embargo, aun con las reformas en el Artículo 27 Constitucional, la creación de una nueva Ley Agraria o la integración al TLCAN, los campesinos en su mayoría no se han transformado en empresarios, más bien, han adoptado estrategias de sobrevivencia como el trabajo estacional en empresas agrícolas, la migración a las ciudades nacionales o internacionales (principalmente a EUA), donde han encontrado trabajos en su mayoría bajo condiciones precarias (sin prestaciones de ley, o con bajos sueldos, o ambas), en otros casos han quedado al margen de los trabajos “formales” y en casos extremos, se han incorporado a la economía informal o, a las actividades ilícitas.

La apertura comercial que se ha dado a través de políticas como las antes mencionadas han beneficiado en gran medida únicamente a oligopolios (generalmente empresas transnacionales) y, a intermediarios o acaparadores cuya principal función es la especulación para ejercer un control en los precios, y así llevarse las mayores ganancias. En consecuencia, los productores obtienen precios bajos por sus productos y los consumidores finales precios altos.

El modelo neoliberal que sigue nuestro país exige ajustes que se han ido dando paulatinamente a través de las llamadas reformas estructurales, que se han traducido en reformas a la constitución y en leyes secundarias en materia agraria, cesión de zonas costeras, privatización de servicios públicos, petroquímica, comunicaciones y recursos hidráulicos, etc., que de manera directa o indirecta afectan no sólo al sector agropecuario, sino a la sociedad en general.

La concepción dominante del desarrollo rural considera que la modernización del campo debe pasar por el fortalecimiento y la reordenación de la actividad agrícola campesina. Por eso, el sector gubernamental reformó el artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria respectiva, con el fin de vincular a los inversionistas con los campesinos (ejidatarios fundamentalmente) y canalizar de esa manera recursos económicos y financieros del sector privado hacia la agricultura, aspecto que es considerado decisivo en la capitalización del agro.

Sin embargo, pese a la reforma al Artículo 27 Constitucional no se ha logrado el objetivo de incitar a los campesinos parcelarios a entrar al mercado de tierras; si bien algunos lo han hecho no ha ocurrido el efecto esperado, solamente en el caso de zonas conurbadas o con potencial para convertirse en desarrollos turísticos; en otros casos, la renta de tierras sólo se efectúa donde existen las condiciones propicias para cultivos altamente rentables. En el peor de los casos la renta o venta de tierras se logra a través de la intimidación o el engaño.

A manera de conclusión se podría suponer que la reforma del sector agropecuario comenzó en el sexenio de Carlos Salinas y aún no termina, pero eso sólo es cierto bajo el modelo neoliberal ya que la supuesta modernización del campo comenzó mucho antes. Con el modelo neoliberal, se vislumbra lejos cumplir la promesa de sacar al campesinado de la pobreza en que vive, o más aún, de pasar de ser un país subdesarrollado a uno desarrollado.

Las políticas dirigidas a los campesinos en el umbral del siglo XXI se van a transformar en políticas que expropiarán a los campesinos; algunos se convertirán en empresarios, la mayoría seguirá en la economía de subsistencia o mantendrá el camino hacia su conversión en proletarios.

Bibliografía:

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FERNÁNDEZ-VEGA, Carlos (2014). “TLCAN: 20 años después; De promesas y resultados; El alejado primer mundo”. En La jornada del jueves 23 de octubre. México.

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IBARRA, David (2001). “Modernidad revolucionaria y postmodernidad neoliberal”. En El Universal del miércoles 30 de mayo. México.

MERINO, Mauricio (2010). “Los programas de subsidios al campo: las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”. En FOX, Jonathan y Libby HAIGH (Coordinadores). Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio: 55-72. Woodrow Wilson International Center for Scholar. México.

PAZOS, Luis (1991). La disputa por el ejido. Editorial Diana. México.

REYES COUTURIER, Teófilo et al. (1996). Campesinos, artículo 27 y Estado mexicano. Plaza y Valdés e INAH. México.

RUBIO, Blanca (2011). “Soberanía alimentaria versus dependencia: las políticas frente a la crisis alimentaria en América Latina”. En Mundo siglo XXI. Revista del CIECAS-IPN. Vol. VII, núm. 26: 105-118. CIECAS-IPN. México.

SERVITJE, Lorenzo (2013). “Una fundación para el campo”. En Reforma del miércoles 30 de octubre. México.

TURRENT FERNÁNDEZ, Antonio (2014). “¿Seguridad alimentaria o estancamiento?” En La jornada del viernes 21 de marzo. México.

VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ, Pablito Diego (2014). “Propuestas para incrementar el crédito al sector agropecuario”. En El Cotidiano. Año: 30, núm. 188: 87-94, noviembre-diciembre. UAM-Azcapotzalco y Ediciones EÓN. México.

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